Paula Huenchumil en Interferencia.cl ( 6 de junio 2021)
La investigación publicada en Human Ecology Journal analizó el impacto de esta industria con datos de 180 municipios de seis regiones: O’Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. Otro resultado indica que este sector “no ha tenido ningún impacto en el aumento de empleo y en los ingresos” de la población donde operan estas empresas.
Desde la década de 1980 las plantaciones forestales han crecido a nivel mundial. En el caso chileno, la expansión de esta industria fue iniciada en la dictadura militar de Augusto Pinochet, en el marco de la implementación del Decreto de Ley 701, impulsado por el entonces ministro de Economía, Fernando Leniz, y el director de la CONAF, Julio Ponce Lerou en 1974, quienes incentivaron la actividad forestal principalmente mediante bonificaciones y beneficios tributarios.
Fue en 2017 cuando los investigadores Álvaro Hofflinger (Universidad de la Frontera), Héctor Nahuelpan (Universidad de Los Lagos), Àlex Boso (Universidad de la Frontera) y Pablo Millalen (Universidad de Texas-Austin) comenzaron a armar la base de datos que dio como resultado el artículo Do Large-Scale Forestry Companies Generate Prosperity in Indigenous Communities? The Socioeconomic Impacts of Tree Plantations in Southern Chile (traducido al español, «¿Generan las grandes empresas forestales prosperidad en las comunidades indígenas? Los impactos socioeconómicos de las plantaciones en el sur de Chile»), el cual fue publicado en Human Ecology Journal en septiembre de 2020.
Las plantaciones forestales se expandieron de dos millones de hectáreas en 1997 a casi tres millones en 2013 a 2015.
Son pocas las indagaciones que han cuantificado las consecuencias de la industria forestal en la calidad de vida de la población. En conocimiento de eso, este estudio estadístico midió el impacto de la expansión de las plantaciones forestales utilizando siete modelos de regresión, evaluando así el impacto del crecimiento de la industria sobre la pobreza, el desempleo, los ingresos (dos tipos de medición) y desigualdad (tres tipos de medición). Cada modelo utilizó seis variables independientes, analizando desde 1997 a 2015 datos de 180 municipios de seis regiones: O’Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
La investigación informa que las plantaciones forestales, con dos millones de hectáreas en 1997, se expandieron a casi tres millones en el periodo de 2013 a 2015. A su vez, la mayor parte de la expansión tuvo lugar en la región de la Araucanía, “donde el total de hectáreas cubiertas por plantaciones forestales aumentó en un 42% entre 1997 y 2015 (de 357.931 a 623.674 hectáreas), lo que representa el 20% de la tierra en dicha región. Este es un factor importante porque esta región es la más pobre de Chile, además de tener una alta concentración de poblaciones indígenas en áreas rurales (CASEN, 2017)”.
“El principal resultado muestra que la expansión de la industria forestal no ha tenido ningún impacto en la reducción del desempleo o en el aumento de las oportunidades de empleo y en los ingresos de las personas. Muy por el contrario, en las comunas donde se ha experimentado un aumento en las plantaciones forestales, la pobreza y la desigualdad de ingresos ha aumentado tanto entre los indígenas como entre los no indígenas”, indica la publicación.
“Contrarresta la narrativa sobre la reducción del desempleo de una industria que, además juega un rol importante en lo que se conoce como el mal llamado ‘conflicto mapuche’», dice Pablo Millalen.
Respecto a las cifras, la expansión de las plantaciones forestales industriales se asocia significativamente con la pobreza: “un aumento del 1% en el área cubierta por plantaciones forestales está relacionado con un aumento del 0,16% en la población que vive por debajo del umbral de pobreza”.
“El artículo contrarresta empíricamente la narrativa sobre la reducción del desempleo de una industria que, además, juega un rol importante en lo que se conoce como el mal llamado ‘conflicto mapuche’. Asimismo, pone en cuestionamiento una vez más los procesos de certificación vía Forest Stewardship Council (FSC) que esta industria requiere para operar en el mercado global”, explica Pablo Millalen, uno de los autores.
“El aumento de los ingresos con la expansión forestal es un mito”
Según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), los bosques en el país cubren una superficie de 17,66 millones de hectáreas, lo que representa el 23,3% de la superficie del territorio nacional. De eso, aproximadamente 14,41 millones de hectáreas son bosques nativos, y 3,08 millones de hectáreas corresponden a plantaciones forestales, equivalentes al 4,07% del total de bosques de Chile.
Para Héctor Nahuelpan, los resultados de la investigación “desmitifican la supuesta prosperidad que generarían las inversiones capitalistas y forestales en Wallmapu, más allá de que estas actualmente se reacomoden mediante una mayor integración de comunidades en el negocio o que se tiñan con programas ‘interculturales’ y de ‘sostenibilidad’”.
«El aumento de los ingresos que conllevaría la expansión de las inversiones capitalistas forestales es un mito que se ha naturalizado», indica Héctor Nahuelpan.
“El aumento de los ingresos y el desarrollo que conllevaría la expansión de las inversiones capitalistas forestales en Chile es un mito que se ha naturalizado y que han instalado las empresas y los consecutivos gobiernos neoliberales que las han beneficiado mediante subsidios como el decreto de ley 701, el resguardo policial de sus plantaciones y toda la maquinaria de seguridad y tecnología destinada a reprimir y encarcelar a quienes en pos de la defensa de la vida confrontan los intereses económicos de las forestales. Lo relevante de este mito es que reactualiza una narrativa colonial que desde mediados del siglo XIX ha recurrido al desarrollo, al trabajo y al progreso, para profundizar el despojo territorial, la pauperización y precarización de la vida en Wallmapu”, agrega.
Sobre esto, Álvaro Hofflinger, Doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Texas en Austin y académico de la Universidad de la Frontera, coincide en que “la reducción del desempleo vinculado al crecimiento de la industria forestal es un mito, es una narrativa que favorece al sector forestal, y me parece que hay dos razones que lo explican”.
«La industria forestal capitaliza sus ganancias y socializa sus pérdidas, el negocio es muy conveniente”, plantea Álvaro Hofflinger.
“Primero, le permite a la industria forestal no hacerse responsable de las externalidades negativas que genera en su accionar (aumento de la pobreza y desigualdad), pudiendo de esta forma, obtener certificaciones internacionales para la comercialización de sus productos. Segundo, le permite externalizar el problema, pues es el Estado chileno, a través sus políticas, planes y programas, quien debe hacerse cargo de reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Así, la industria forestal capitaliza sus ganancias y socializa sus pérdidas, el negocio es muy conveniente”, añade.
Por su parte, Pablo Millalen, integrante de la Comunidad de Historia Mapuche y Doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, explica que existe una “narrativa sobre oportunidades del empleo que forma parte de una consigna clásica de las compañías extractivas, no solo en Chile sino también en Abyayala (América Latina), donde se sacrifican a comunidades locales, indígenas y comunidades negras y/o afrodescendientes. Y que son reforzadas por agentes gubernamentales”.
El investigador también ejemplifica con otros casos, como la expansión de la palma aceitera, la cual se promueve como alternativa a combustibles fósiles en Colombia; la industria mineral en México y Colombia o la construcción de presas e hidroeléctricas como el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroeléctrico del Alto Piura en Perú. A esto se suma “el fuerte lobby con agentes gubernamentales que desencanta en ‘pagos por debajo’ o en ‘financiamiento de campañas políticas’, entre otros favores que se dan en la trastienda. O sea, corrupción. Mientras que, las comunidades locales, negras e indígenas solo observan como paulatinamente se van destruyendo ecológicamente los territorios, que en el caso de Wallmapu implica depender de camiones aljibes para poder acceder al agua”, conluye Millalen.
El nacimiento de la investigación
Tres de los autores del estudio también cuentan sus experiencias, las cuales originaron la inquietud para investigar este tema.
El profesor de la Universidad de Los Lagos, Héctor Nahuelpán comenta a INTERFERENCIA que es del territorio mapuche-lafkenche de Mehuín, lugar donde la empresa forestal Arauco “originó un conflicto que se ha extendido durante 25 años por el proyecto de instalación de un ducto para volcar al mar los desechos de su planta de celulosa Valdivia. Por la resistencia de las comunidades este proyecto no se ha concretado, pero desde sus inicios la empresa y los distintos gobiernos de turno utilizaron el manoseado discurso del empleo y el desarrollo para justificar y legitimar las inversiones capitalistas forestales».
“Esta planta de celulosa recibe los pinos y eucaliptus de plantaciones que están en tierras ancestrales mapuche usurpadas, donde también han utilizado el mismo discurso y han generado efectos catastróficos en el territorio y las comunidades campesinas chilenas y mapuche. Entonces desde allí surge el interés de testear qué validez empírica tiene la narrativa sobre la supuesta prosperidad, empleo y desarrollo que genera el extractivismo forestal; investigación que iniciamos hace aproximadamente tres años”.
Pablo Millalen proviene del lof Mañiuko (Galvarino), lugar que depende en la actualidad “de las administraciones coloniales para acceder al agua. Es decir, dependemos del racionamiento del agua proporcionados por el municipio de Galvarino y la ONEMI durante todo el año. Y en esto, un rol importante lo ha jugado la industria forestal. Además como lof estamos reivindicando territorio a compañías forestales asentadas en la zona, tales como Bosques Cautín y Hancock Chilean Plantations SpA”.
«Quienes hacen el trabajo básico son personas racializadas que a su vez perciben remuneraciones bajísimas». dice Millalen.
“Me llama la atención esta forma de economía racializada y de carácter colonial que opera en nuestro propio territorio. Si observamos la composición de los agentes de la industria forestal, nos encontraremos con puros winka (criollos). Es cosa de revisar los directorios para darnos cuenta. Mientras que, quienes hacen el trabajo básico son personas racializadas que a su vez perciben remuneraciones bajísimas. Esto lo comprobé a partir de mi propia experiencia cuando trabajé en temporadas de verano e invierno en el rubro forestal. De hecho, comencé a los 13 años para sustentar parte de los gastos en mi educación porque las alternativas laborales eran limitadas, e incluso lo siguen siendo a la fecha en Galvarino. Peor aún, esta realidad todavía se repite en algunas comunidades mapuche, adolescentes siendo parte de la explotación del rubro forestal. Por lo tanto, mi experiencia comunitaria y personal hace que pueda adentrarme en este asunto”, comenta.
Álvaro Hofflinger, en tanto, cuenta que creció en la localidad Selva Oscura, un sector rural de la comuna de Victoria, región de la Araucanía.
“Al inicio de los años 90, la industria forestal compró varios fundos alrededor del pueblo, fundos que se dedicaban a la agricultura, ganadería o lechería, y que daban trabajo a las personas de la zona. La investigación cualitativa que hemos realizado en otro proyecto liderado por Lindsey Carte indica que inicialmente la gente no estaba contenta con la llegada del sector forestal, pues temían la pérdida de su trabajo, pero la industria prometió empleos y prosperidad. Y al principio, cumplió su promesa; de hecho, la cesantía prácticamente desapareció en aquella época. Todo el mundo podía trabajar si quería. Las compañías necesitaban “limpiar” los campos de árboles nativos para plantar pinos y eucaliptos, y nosotros -me incluyo porque también trabaje por ellos (tenía 13 años)- hicimos la tarea. Pero, después que el proceso de “limpieza” terminó, los tiempos de bonanza también. La cesantía fue la norma, y sin ingresos, muchas familias se vieron forzadas a migrar a la ciudad o vivir de las ayudas estatales”, relata Hofflinger.
